Desarrollo social y económico para luchar contra la exclusión

Eduardo Rojo Torrecilla

El presente artículo tiene un doble objetivo: en primer lugar, explicar con carácter general algunas de las causas que inciden en el crecimiento de las desigualdades sociales y proponer algunas pistas de cómo avanzar hacia una nueva estructura social y económica; en segundo término, ir a la realidad de la comarca para examinar, con los datos disponibles, cuáles son las situaciones problemáticas (desempleo, marginación...) que tenemos ante sí y qué medidas se están adoptando por los poderes públicos para tratar de corregirlas y así profundizar en el fortalecimiento de una comarca que en los últimos años ha dado pruebas sobradas de su vitalidad para enfrentarse a los retos de futuro.

Se trata, pues, con los límites obligados de un artículo como éste, de exponer realidades, sugerir pistas y proponer objetivos, a fin de contribuir en la tarea, en la que participan muchas personas, de lucha contra la creciente dualización social existente en nuestras sociedades desarrolladas, dualización que encuentra en muchas ocasiones su razón de ser en la situación crítica de falta de trabajo que padecen muchas personas y que puede llegar a poner en tela de juicio la eficacia de los sistemas políticos democráticos existentes si no se adoptan medidas adecuadas para su corrección, tal como ha puesto de manifiesto recientemente el Parlamento Europeo(1). De tal forma, el artículo presta atención de forma conjunta a los problemas del empleo en su doble vertiente, o por utilizar una terminología clásica pero que cada vez es más cuestionada, medidas "activas" (encaminadas a la creación de puestos de trabajo) y "pasivas" (actuaciones en el campo de la protección social).

Deseo indicar, por último, que buena parte de las tesis e ideas expresadas en el artículo han ido forjándose a partir del trabajo en grupos pluridisciplinares de entidades que trabajan en el ámbito de la lucha contra la exclusión social y de búsqueda de la justicia (Cristianisme i Justícia, Cáritas Española), y del intercambio fructífero de planteamientos entre todas y todos sus miembros. Obviamente también, mi actividad en el ámbito universitario y los debates en el seno de nuestra Fundación me han ayudado a forjar las ideas ahora expuestas, y muy especialmente todo lo que aprendí, que nunca se podrá cuantificar, del anterior presidente Joan N. García-Nieto. Con todo, y como suele decirse al finalizar el prólogo de un libro, la responsabilidad del texto es única y exclusivamente de quien lo suscribe.

El cambio socio-económico y su incidencia en las situaciones de desigualdad

1. Diversos estudios realizados en el seno de las organizaciones económicas y sociales internacionales (Unión Europea, OIT, OCDE), así como las aportaciones efectuadas por destacados intelectuales y responsables políticos (André Gorz, Adam Schaff, Guy, Aznar, Federico Mayor Zaragoza, Vaklal Havel, o el propio Juan N. García-Nieto hasta su muerte en julio de 1994) han puesto de manifiesto que nos encontramos en un momento crucial de la historia al llegar al final del milenio, y tal como ha subrayado el director general de la UNESCO "... estamos adquiriendo una apreciación diferente del ritmo temporal de la historia, en una rápida secuencia de acontecimientos políticos, sociales, culturales y medioambientales que han cambiado la percepción que teníamos de nosotros mismos como individuos y como miembros de la comunidad, lo que supone un reto a nuestra capacidad de mantener tendencias de ámbito mundial"(2).
La existencia de una importante situación de cambio económico a escala mundial, con crisis relevantes en bastantes países desarrollados y preocupantes consecuencias sociales tal como se constata en los informes de las organizaciones internacionales antes citadas, trae consigo la existencia de problemas comunes a buena parte de los países, problemas que pueden atenuarse o agravarse según las medidas que se adopten para su corrección. Se trata de la disminución del crecimiento económico, la recesión y pérdida de dinamismo del comercio internacional (aunque es de esperar que un eficaz funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio, y la solución pactada a los problemas derivados de la no aplicación de normas laborales fundamentales en algunos países(3), puedan contribuir a retomar ese dinamismo), reestructuraciones industriales y cambios en el empleo, cambios demográficos, incremento de la exclusión económica y social, o ruptura de las solidaridades tradicionales, en especial la familiar. Esta problemática lleva, como se constata en un estudio realizado en el seno de la OIT, a un importante incremento de las desigualdades entre grupos sociales, de forma que pueden coexistir simultáneamente la riqueza y la pobreza, de una parte, y de otra que en este final de siglo existe "una organización social marcada por el dualismo, el individualismo, la fabricación de exclusiones múltiples, la incapacidad de controlar las consecuencias sociales de la crisis, la dependencia y la inseguridad social"(4), siendo una de las medidas más importantes para corregir las desigualdades existentes, en estrategia a medio plazo, la política educativa como defendía recientemente J.K. Galbraith(5).

2. El Baix Llobregat, Cataluña, España, forman parte del espacio económico y social que conforma la Unión Europea, ámbito geográfico y político al mismo tiempo que está sometido a un apasionante debate sobre cómo conseguir que la mayor parte de la ciudadanía se encuentre atraída por el mismo y cómo dar respuesta adecuada a los problemas que le preocupan, que se centran en las cuestiones del empleo y del desempleo, la posibilidad de ejercer los derechos sociales, la defensa del medio ambiente y la no discriminación de trato. Se trata a mi entender, en este debate actual, de fortalecer el desarrollo de la dimensión social y reforzar el papel de los agentes sociales, ya que ambas medidas constituyen condición básica para poder conciliar la libertad de mercado con el equilibrio social. Y el fortalecimiento de la dimensión social pasa por reforzar, con todas las correcciones que sean necesarias, los sistemas públicos de protección social, por la importante función de fortalecimiento de la cohesión social y de mantenimiento de la paz social, pues piénsese en cómo estos sistemas, entendidos en un sentido amplio, han posibilitado el acceso de las capas sociales más desfavorecidas al ámbito educativo, sanitario y de la vivienda, y como cumplen hoy un papel amortiguador de los conflictos sociales derivados de la grave situación de desempleo en que se encuentran muchas personas(6).

3. Si pasamos de lo general a lo concreto, estamos en condiciones de sostener que algunas de las características principales de este cambio socio-económico que se analiza son las siguientes:

A) Importante crecimiento económico (que está teniendo un elevado coste de degradación medioambiental), en el que juegan un papel relevante la aplicación en el mundo productivo de las nuevas tecnologías, que no va acompañado del correlativo crecimiento del empleo. Los cambios tecnológicos tienen una gran importancia e innegable incidencia en los procesos productivos y la reorganización de los tiempos de vida y de trabajo, y la cuestión a debate, que no tiene una respuesta clara y unívoca en la actualidad, es saber en qué medida dichos cambios repercuten en beneficio del conjunto de la población o de sólo una parte minoritaria de la misma. Este crecimiento se acompaña, en el terreno social, de un cambio sustancial en el mundo del trabajo, de forma que además de prestar atención a la problemática de quienes se encuentran en desempleo también deberemos prestar atención a otras realidades existentes en su interior: empleo estable frente a empleo temporal; trabajadores en economía regular, en economía sumergida o en economía informal; trabajadores de grandes, medianas o pequeñas empresas; trabajadores y trabajadoras, quienes trabajan en el sector público y en el sector privado; y muy en especial, al diferente nivel de cualificación que incide de forma muy importante en la posibilidad de acceso a un empleo de forma que ha podido afirmarse con fundamento de causa que "el aspecto más grave del desempleo al que se enfrentan muchos países industrializados es la merma de perspectiva de empleo para los trabajadores que poseen bajas cualificaciones"(7). Con razón puede defenderse por la OIT, en un informe presentado a la Conferencia de este año, que existe cada vez más la tendencia "a una polarización ...(y no sólo de los salarios sino también de otras condiciones de empleo) entre los segmentos primarios y secundarios del mercado de trabajo"(8).

El desempleo se está configurando como un elemento estructural de la actual realidad económica y no como un aspecto meramente coyuntural, desmientiendo las tesis neo-liberales que proclamaban su carácter pasajero. Estamos viendo además los efectos perniciosos que las políticas neoliberales -que dejan de lado deliberadamente los problemas sociales- han tenido en el terreno social en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, y los costes económicos que han significado para una parte importante de la población, de forma que en el primero "las diferencias de rentas entre los mejor protegidos y los peor remunerados no habían sido tan marcadas desde la segunda guerra mundial"(9), y en el segundo en caso de seguirse incrementando las diferencias "el amplio desequilibrio entre los que tienen y los que no tienen conducirá a más disturbios sociales y a más delicuencia y violencia"(10).

Al mismo tiempo, asistimos a un proceso creciente de mundialización de la economía que conlleva una competencia desigual entre países y un alejamiento de los centros de decisión para muchos de ellos(11). Dicha mundialización va de la mano con una creciente interdependencia a escala mundial de los sistemas económicos, políticos y culturales, con el cada vez más relevante desarrollo de las empresas transnacionales, el importante proceso de mundialización de la información y la integración de los mercados financieros. El mundo, ha escrito certeramente Mariano Aguirre, "es un gran mercado mundial en el que se opera las 24 horas del día gracias a la comunicación instantánea. El dinero reproduce el dinero con fines especulativos"(12).

B) Profundos cambios demográficos. Mientras que a escala mundial se produce una explosión demográfica y el número de habitantes del planeta puede cuadruplicarse en un siglo si sigue la tendencia actual, en el ámbito de los países desarrollados se produce una importante caída y descenso de la natalidad, que va de la mano con un crecimiento relevante de las familias monoparentales y de los fenómenos de aislamiento social.

En el ámbito europeo el progresivo envejecimiento de la población, con su correlativa consecuencia de incremento de gasto en materia de pensiones, asistencia sanitaria y servicios sociales, queda empíricamente demostrado en un reciente estudio de la Comisión Europea: entre 1995 y 2025 el número de jóvenes menores de 20 años disminuirá en nueve millones y medio; el grupo de 20 a 59 disminuirá en más de trece millones, mientras que los adultos de 60 o más años "aumentarán en un 50 %, es decir más de treinta y siete millones de personas, por el acceso progresivo de los baby boomers a la edad de jubilación". El mismo estudio pone de relieve un dato importante y al que conviene que se le preste la atención debida: el progresivo envejecimiento de la población irá acompañado, si no se modifica la situación económica, de un aumento en la precarización del empleo y un aumento del número de personas desempleadas, y tal status jurídico modifica las condiciones de acceso al derecho a una pensión para muchas personas, "lo que podría provocar divisiones importantes entre los futuros jubilados o incluso entrañar la exclusión social de algunos de ellos"(13).

C) Cambios en el "rostro" de la exclusión social. Junto a la clásica pobreza del cuarto mundo, o lo que es lo mismo la capa de pobreza situada en el extremo inferior de la escala social y que acumula numerosas carencias culturales, sociales, educativas y económicas, se produce en Europa la aparición y desarrollo de nuevas formas de marginación, exclusión y pobreza, que están estrechamente vinculadas a los cambios producidos en el mundo del trabajo y que afectan incluso a una parte no desdeñable de personas que ejercen una actividad remunerada(14), de forma que en la década de los ochenta "un segmento relativamente numeroso de la población ha permanecido ajeno a los beneficios del crecimiento económico agregado".(15)

D) Un acentuado desequilibrio Norte-Sur, constatable en todos los informes anuales de organizaciones internacionales, de forma que mientras que en 1960 la renta del 20 % de los países más ricos del mundo era treinta veces superior a la del 20 % de los países más pobres, en 1990 esta diferencia se había duplicado hasta alcanzar el 60 %. La brecha se va ampliando de forma progresiva, y el Informe sobre desarrollo humano del año 1996 de la ONU no hace sino constatarlo, algo que no deja de ser claramente contradictorio con el dato, también aportado en los estudios internacionales, de que desde 1945 el producto nacional bruto se haya multiplicado por siete y que el ingreso per cápita se haya triplicado.

Acostumbrados a hablar casi únicamente de temas económicos, muchas veces nos olvidamos que existen flagrantes desigualdades entre países y continentes y que, como recuerdan los documentos aprobados en la cumbre social de Copenhaguen del mes de marzo de 1995, "una persona de cada cinco vive en el mundo en el umbral de la pobreza, el desempleo afecta a millones de personas en todos los países y los casos de exclusión social se multiplican en todas las sociedades, sean ricas o pobres".

4. La lucha contra la exclusión pasa hoy preferentemente por la búsqueda de soluciones al problema del desempleo, ya que del paro a la exclusión hay poco trecho si no se toman con rapidez las medidas adecuadas para evitarlo. Tal como se ha puesto de manifiesto en estudios realizados sobre la "nueva pobreza" en Europa desde 1975, y ya se trate de jóvenes o adultos, o de personas aisladas o no, "la mayoría de los nuevos pobres procede del batallón de los desempleados, y más específicamente, de los desempleados de larga duración"(16).
La concreción de la dualización/segmentación en el ámbito laboral es perceptible por la cada vez más acusada polarización entre quienes poseen un empleo estable y bien remunerado, además de un elevado nivel de formación y la posibilidad de participar en la organización del proceso productivo, de una parte, frente a quienes se encuentran en situación de precariedad y con nivel insuficiente de remuneración a la vez que con escaso nivel de cualificación profesional. La precariedad laboral y el desempleo afecta en gran medida en el ámbito europeo a las personas sin cualificación, ya que sólo el 28 % de los trabajadores europeos no poseen cualificación profesional, pero la cifra sube hasta el 52 % entre los desempleados.

La dualización en el ámbito laboral lleva aparejada también una diferente protección social para los diferentes colectivos, en atención a las diferencias existentes en la propia actividad laboral. Mientras que el segmento estable accede de forma preferente a las prestaciones contributivas, y puede acceder asímismo a prestaciones complementarias (ej: fondos de pensiones) que financia básicamente por su elevado poder adquisitivo, el segundo tiene graves problemas para acceder a dichas prestaciones contributivas (piénsese en sus dificultades para alcanzar los períodos de cotización necesarios para acceder a determinadas prestaciones) y su "espacio natural de protección" es mayoritariamente el de las prestaciones no contributivas o asistenciales, las rentas mínimas o sencillamente la falta de protección. En el ámbito concreto de la política de protección social en España cabe poner de manifiesto que el desempleo sería un problema de muchísima mayor importancia si no estuviera amortiguado por la unidad familiar y por las diversas prestaciones sociales que perciben más del 47 % de los hogares españoles. Como ha constatado G. Rodríguez Cabrero, "en 1992, el 47'2 % de los hogares recibe algún tipo de prestaciones de las Administraciones Públicas, sea en pensiones (31'6 %), prestaciones (11 %) o ayudas de diferente tipo (5 %). En todo caso, esto quiere decir que 5.634.000 hogares españoles perciben algún tipo de prestación económica"(17).

Una fotografía social del Baix Llobregat
1. ¿Existen situaciones de exclusión social en la comarca?(18). Parece obvio, del análisis de los datos consultados, que la respuesta es afirmativa, tanto por la existencia de un número no pequeño de personas acogidas al programa interdepartamental de la Generalitat de Cataluña de la Renta Mínima de Inserción, como por el hecho de que existe un porcentaje elevado de desempleados de larga duración y que, probablemente, ya no perciben ningún tipo de prestación, sea contributiva o asistencial, y que dependen de las ayudas sociales autonómicas, locales o de las entidades de iniciativa social. Asímismo, según la batería de indicadores sociales seleccionados por quienes elaboraron el mapa de la pobreza en Cataluña a finales de los ochenta (relacionados con el desempleo, envejecimiento demográfico, nivel de estudios, fenómeno inmigratorio, consumo y renta familiar) el Baix Llobregat aparecía como la comarca más empobrecida de Cataluña, aun cuando los autores del trabajo afirmaran que el resultado obtenido con tales indicadores sólo implicaba una "delimitación genérica, una escala de la distribución comarcal de áreas de privación social"; es decir, implicaba que los habitantes de la comarca tenían más posibilidades de encontrarse en situación de pobreza que otros, pero que ello no había de ser así necesariamente(19).

Pero al mismo tiempo, se observa un creciente dinamismo en el mercado de trabajo comarcal que se manifiesta, con algunos "claroscuros" ciertamente, en el volumen de creación de empleo y de contrataciones efectuadas desde mediados de la década de los ochenta, y en la apuesta decidida de los poderes públicos y de los agentes sociales por dar respuestas a bastantes de las nuevas necesidades ambientales, económicas y sociales de la comarca y de su población; un dinamismo debido, según puede leerse en un documento del Consell Comarcal, "al esfuerzo realizado por un amplio conjunto de agentes e instituciones para situar las políticas activas de desarrollo local como principal instrumento para la creación de ocupación"(20). Tal esfuerzo parece estar alcanzando resultados positivos apreciables durante este año, ya que los últimos datos disponibles de empleo y desempleo que he podido consultar para redactar este artículo, los correspondientes al mes de junio, señalan algo especialmente significativo: por primera vez en los últimos tres años, la tasa de desempleo comarcal ha bajado por debajo del 12 %, colocándose en el 11'92 %, un total de 33.291 personas, porcentaje más de un punto inferior al que se registraba el mes de junio de 1995 (13'21 %). A partir del Plan estratégico comarcal, y de acuerdo con el Pacto de Legislatura suscrito por PSC, IC-Els Verds, CiU y PP, las acciones y ejes de actuaciones que deben revertir en la creación de un tejido económico y social que favorezca la creación de empleo pasan necesariamente por la concertación entre todos los agentes implicados, y deben tender básicamente a: impulsar los proyectos urbanísticos y de infraestructuras pendientes, con especial atención a la protección y mejora del medio ambiente; mejorar las comunicaciones y los transportes públicos; potenciar la diversidad productiva para evitar los riesgos de una excesiva especialización; potenciar las políticas de orientación, formación e inserción profesional; apoyar la creación, modernización y reestructuración de las empresas; en fin, impulsar acciones que posibiliten la incorporación al mundo laboral de personas con especiales dificultades.

2. En apretada síntesis, estos son los rasgos que considero más significativos, y que por ello paso a comentar, de la "fotografía social del Baix Llobregat":

A) El importante incremento de la población activa operado durante los años 1975-1994, lo que ha obligado a un esfuerzo suplementario por parte de todas las fuerzas políticas y sociales implicadas para intentar la generación de nuevo empleo que permitiera su absorción. El porcentaje de incremento fue de un 36 %, bastante superior al observado en el mismo período en toda Cataluña (18 %), España (21 %) y la Unión Europea (12 %). De haber sido menor dicho incremento (o dicho de otra forma, una menor tasa de natalidad en la década de los sesenta) las tasas de desempleo probablemente hubieran sido sensiblemente inferiores, pero no es menos cierto que el dato aquí expuesto ha obligado a realizar un doble esfuerzo, de imaginación y de realismo, a todos los agentes implicados en las políticas de empleo.

B) En el mismo período antes indicado, se ha producido un importante crecimiento neto de la ocupación, que ha pasado de 179.000 a 220.000 personas, lo que significa que, en perspectiva histórica de veinte años, la actividad productiva comarcal ha absorbido una parte importante de la nueva población activa y ha logrado atenuar los efectos de la pérdida o destrucción de empleo básicamente en el sector industrial, aún cuando para realizar un análisis más depurado de las cifras anteriores habría que conocer con detalle el número de trabajadores y trabajadoras que han salido del mercado de trabajo a consecuencia de planes de prejubilación y que, por consiguiente, ya no aparecen en los datos de la población activa una vez extinguida, en su caso si la percibieron, la prestación por desempleo.

C) En el lado positivo de la fotografía también debe mencionarse el importante volumen de contrataciones efectuadas, que por utilizar sólo la cifra referida al pasado año superaron la cifra de 100.000; en el negativo, o cuando menos no positivo, se ha de señalar que cerca del 80 % fueron contrataciones de duración determinada, con mayoría de los contratos para obra o servicio y los eventuales por necesidades de la producción, algo que ha sido criticado desde instancias sindicales de la comarca por situar la precariedad del empleo en tasas muy elevadas(21). Y tampoco es nada positivo que cerca de un 6 % de los asalariados perciban una remuneración inferior al Salario Mínimo Profesional, pudiendo deberse tal dato para bastantes de los afectados al hecho de trabajar pocas horas diarias, semanales o mensuales, bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial(22).

D) Analicemos ahora algunos datos menos agradables, los del desempleo, aún cuando es obvio que su conocimiento detallado, tanto cuantitativo como cualitativo, es totalmente necesario si se quieren adoptar medidas adecuadas para su corrección.

Tomando datos anuales como punto de referencia puede indicarse que la tasa de desempleo ha pasado del 11'23 % en 1990 al 13'54 % el pasado año, habiendo alcanzado un punto álgido en 1994 con un porcentaje del 15'44 %, pero en cualquier caso afortunadamente muy alejado de aquel 30 % que tuvo la comarca durante algunos años de la primera mitad de los ochenta. El desempleo comarcal está bastante equilibrado por razón de edad, a diferencia de lo que puede observarse en los datos de Cataluña y de España, aún cuando el "primer puesto" también esté adjudicado a los más jóvenes. De tal forma, siempre según datos de 1995, el grupo de 20 a 24 años supone el 17'65 % del total, los de 25 a 29 el 16'11 %, de 30 a 34 el 13'22 %, de 35 a 39 el 10'55 % y de 40 a 48 el 8'43 %. En relación con el nivel de desempleo por sectores destacan negativamente el metal (13'5 %), las industrias manufactureras (19'1 %) y el comercio y hostelería (16'5 %), siendo negativo, pero sin alcanzar ni mucho menos porcentajes tan elevados como en el conjunto de toda España, el dato de los desempleados que no han trabajado con anterioridad (12'7 %).
Dos datos que mueven a especial reflexión de todos los sujetos implicados en las políticas de empleo son el nivel de instrucción y cualificación de los desempleados y el tiempo de búsqueda de empleo. Respecto al primero, más del 50 % sólo tienen el certificado de escolaridad, y un 22'62 % la EGB; con relación al segundo los desempleados que buscan empleo desde hace más de un año superan el 44 % del total (aún cuando un dato menos negativo, o al menos señal de dinamismo del mercado laboral, sería que más del 24 % de los desempleados encuentran empleo en un período no superior a los tres meses). Tal como se ha subrayado acertadamente, la estructura del desempleo comarcal y las especiales carencias de un elevado porcentaje de desempleados "precisan de políticas contra el desempleo menos cuantitativas y más cualitativas, para hacer retroceder la exclusión social que sufren estos colectivos de desempleados"(23).

En fin, debe subrayarse que la comparación de los datos de desempleo del Baix Llobregat con los de Cataluña, España (datos siempre facilitados por el Instituto Nacional de Empleo) y la Unión Europea no debe merecer una valoración negativa, teniendo en cuenta el importante proceso de reestructuración industrial que se dió en la comarca (y aún se sigue dando, como lo demuestra el último ejemplo de Siemens) en la década de los ochenta. Así, en Cataluña se pasa del 10'6 % en 1990 al 11'57 % en 1995; en España del 15'33 % al 15 '68 %, y en la Unión Europea del 8'2 % al 10'9 % (o lo que es lo mismo, cerca de 18 millones de europeos se encontraban desempleados al finalizar el pasado año).

E) Respecto al "núcleo duro" de personas en situación de exclusión social, o riesgo grave de caer en tal situación, podemos examinar las cifras de las acogidas al programa PIRMI, aunque también es cierto que sería necesario conocer con más detalle los datos individualizados de cada solicitante para saber si nos encontramos en presencia de perceptores "clásicos" (vieja pobreza) o "modernos" (nueva pobreza asociada a fenómenos de pérdida de puestos de trabajo). En 1995 había un total de 1.554 personas acogidas al PIRMI, con siete poblaciones que agrupaban a la mayoría de tales perceptores: Castelldefells (130), Cornellà (226), L'Hospitalet (411), El Prat (121), Sant Boi (104) y Viladecans (159). Muchas de estas personas podrían beneficiarse del proyecto presentado a la Unión Europea para su cofinanciación denominado "Proyecto Integral para la iniciativa empleo" y que tiene entre otros objetivos el de integrar en el mercado laboral los colectivos socialmente excluídos o con alto riesgo de exclusión.
Si se efectúa una cierta extrapolación de los datos de toda Cataluña a la realidad de la comarca puede afirmarse que un número relativamente importante de personas acogidas al programa PIRMI serán del segundo grupo antes citado, personas que solicitan la RMI "porque han perdido muy recientemente su puesto de trabajo o bien se encuentran coyunturalmente en situación de desempleo a la espera de un nuevo contrato de trabajo", mientras que las restantes seguirán siendo del primer grupo, desempleados de larga duración "con una multiplicidad de factores de tipo social, educativos, etc"(24). La tesis del progresivo incremento de las personas del segundo grupo encuentra también apoyo en el análisis de la realidad francesa, donde los estudios especializados han subrayado que se asiste "a un acercamiento del perfil de los nuevos demandantes de RMI con el de los demandantes de empleo, evolución perfectamente coherente con la hipótesis del crecimiento del número de beneficiarios del RMI vinculado a la evolución del desempleo no indemnizado"(25), y en la realidad española porque, como se apunta en uno de los estudios más rigurosos realizados sobre la RMI en España, "los excluídos del hoy, y del futuro inmediato, no proceden sólo de los pobres de siempre, sino cada vez con más frecuencia de las filas de los integrados"(26).

A modo de recapitulación final
1. Parece cada vez más necesario hablar de desarrollo como un concepto que posee un valor esencialmente cualitativo, y dejar en un segundo término la referencia al simple crecimiento. Este desarrollo debe basarse prioritariamente en la utilización de las capacidades de las personas y no en la sobreexplotación de los recursos naturales, y para ser respetuoso con respecto al medio ambiente debe implicar, como así se ha hecho constar en medios comunitarios y sindicales europeos, una valoración de todas las incidencias que las políticas económicas y sociales tienen sobre el mismo, y la integración de esta variable en todas las políticas estructurales comunitarias a fin de generar un mayor empleo en los sectores y actividades vinculados con el medio ambiente. El desarrollo debe ir de la mano también con políticas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en todas las acciones y políticas, potenciando el principio de integración social entre sexos (mainstreaming) que la Unión Europea ha hecho suyo(27).

2. Debemos recapacitar sobre qué tipo de desarrollo propugnamos y con qué valores, teniendo claro que la competitividad es un valor que debe servir para el enriquecimiento colectivo y no para provocar un agravamiento de las desigualdades.

3. De otra parte, las políticas activas de empleo y las políticas de protección económica contra el desempleo forman parte de un mismo todo (la protección social entendida en un sentido amplio) debiendo tenderse por los poderes públicos a reforzar el sistema protector. Ahora bien, la política de protección social no debe ser sólo monetarista sino que debe contener elementos importantes y básicos de integración social, pues un principio general de toda lucha contra situaciones de marginación debe ser la complementariedad entre las políticas generales de desarrollo y políticas específicas de integración de los más desfavorecidos, "y la asociación de políticas de garantías de recursos y de ayuda a la inserción económica y social"(28).

En definitiva, se trata de analizar y debatir como pueden combinarse de forma eficaz las políticas económicas (creación de empleo, apoyo a las iniciativas de autoocupación...), las políticas laborales de flexibilidad pactada del mercado laboral (introducción, por ejemplo, de modalidades contractuales adaptadas a las circunstancias de cada sector o ámbito de actividad laboral), y las políticas sociales (prestaciones económicas de índole contributiva o asistencial) para posibilitar la inserción de los colectivos con más dificil acceso al mercado laboral.

Eduardo Rojo Torrecilla
Presidente de la Fundació Utopia-Joan N. García-Nieto dEstudis Socials del Baix Llobregat y Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona

(1). Para el PE, la exclusión social, y por tanto la pobreza "constituye una violación de los derechos fundamentales de la persona y de la familia como núcleo central de la sociedad que puede minar en el futuro nuestras democracias, y que debe combatirse con una política de fomento del empleo y de desarrollo social". Resolución de 23 de mayo de 1996 sobre el informe final de la Comisión sobre la aplicación del programa comunitario para la integración económica y social de los grupos menos favorecidos "Pobreza 3". DOCE C nº 166, 10.06.96, pág. 192.

(2) La nueva página. Barcelona, Círculo de Lectores, 1994, pág. 23.

(3). Tales normas serían las reguladoras de la libertad de sindicación y de negociación, la prohibición del trabajo forzoso, la eliminación de toda forma de explotación del trabajo de los menores y la prohibición de discriminaciones en el acceso al mundo del trabajo. En una reciente comunicación de la Comisión de la UE dirigida al Consejo, preparada de cara a la reunión de países de la OMC en Singapur el próximo mes de diciembre, se tranquiliza a los países en vías de desarrollo al afirmar que se respetarán "sus ventajas comparativas... relacionadas con la existencia de una mano de obra abundante y con bajo coste salarial", pero también se quiere dejar bien claro que "las necesidades del desarrollo no sirven de pretexto a prácticas abusivas en el ámbito del trabajo, y en particular a justificar el in-cumplimiento de normas laborales fundamentales que se considere tienen aplicación mundial". Re-lación entre el sistema comercial y las normas laborales internacionalmente reconocidas. Bru-selas 24.07.96. COM (96) 402 final, pág. 3.

(4). M. Gauthier, Pauvreté, inegalité, exclusions: re-nouvau des approches theoriques et des practiques sociales. Ginebra, IIES, 1993, págs. 8-17.

(5). Para el destacado economista, "(la educación)... es la fuerza más pacificadora, igual que la ignorancia es la mayor fuente de conflicto". "La revolución civilizada". El País Semanal, nº 1023, 5 de mayo de 1996, pág. 193.

(6). Vid. la Comunicación de la Comisión El futuro de la protección social. Marco para un debate europeo. Bruselas, 31.10.95. COM (95) 466 final, pág. 2. La idea eje sobre la que se articula la Comunicación es que la protección social es un elemento esencial del modelo europeo que conviene mantener y desarrollar, que tiene desafíos importantes ante sí como consecuencia del desempleo y del envejecimiento de buena parte de la población, y que por consiguiente "es oportuno un debate europeo porque los Estados miembros han de cooperar a fin de identificar las posibles soluciones comunes".

(7). Eddy Lee, "Exposición general". Revista Inter-nacional del Trabajo, vo. 114, núms. 4- 5/1995 (monográfico dedicado a Política de empleo y mundialización). Subraya la diferencia entre EE.UU y Europa, ya que en el primero se ha producido "un descenso de los salarios de los trabajadores poco cualificados", mientras que en la segunda se da "la concentración del desempleo en la mano de obra poco cualificada" (pág. 503).

(8). Políticas de empleo en una economía mundializada. Conferencia Inter-nacional del Trabajo, 83ª reunión 1996. Ginebra, 1996, pág. 32.

(9). Jo Carby-Hall, "La crise de l'Etat-providence en Gran Bretagne". Revue Internationale de Droit Comparé nº 1/1996, pág. 45.

10). Jeremy Rifkin. "EE.UU: la sociedad civil en la era de la información". El Viejo Topo, junio 1996, pág. 48.

(11). En una investigación realizada por profesores de Sociología de diferentes Universidades se ha puesto de manifiesto que el principal problema del mundo en un horizonte temporal de diez años sería, según los sociólogos, politólogos y economistas consultados, "el incremento de las desigualdades y las diferencias entre los países ricos y pobres". Cfr. J.F.Tezanos, "Las imágenes del futuro entre los expertos en ciencias sociales". Temas para el debate, núms. 21-22/1996, pág. 80.

(12). "La globalización y el sistema internacional de fin de siglo". Temas para el debate núms. 21-22/1996, pág. 70

(13). Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. La situación demográfica en la Unión Europea 1995. Bruselas, 23.02.96, COM (96), 60 final, págs. 4-5.

(14). Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Política de la Comunidad y de sus Estados miembros de lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. Bruselas, 16.11.93. COM (93) 518 final.

(15). Luis Ayala, "Los sistemas generales de rentas mínimas en Europa: logros, límites y alternativas". Documentación Social núm. 96/1994, pág. 223.

(16). G. Room (director). The new poverty in the European Community, Univ. of Bath, 1990.

(17). "La política social en España 1980-1992". Do-cumentación Social nº 96/1994, págs. 175 a 199.

(18). Los datos estadísticos que utilizo en el artículo se encuentran en las siguientes fuentes: L'Anu-ari Aquí 1996; Consell Comarcal del Baix Llo-bregat, "Observatori permanent del mercat de treball. Informe mensual de l'atur"; El Far. Anuario del Baix Llobregat i l'Hospitalet 1996; Consell Comarcal del Baix Llo-bregat, La comarca del Baix Llobregat: un model concertat de desenvolupament social. Cornellà, 1995.

(19). Els llindars de pobresa a Catalunya: concepte, descripció, quantificació i territorialització. Depar-tament de Benestar Social de la Generalitat de Ca-talunya, 1994, págs. 73 a 76.

(20). La comarca del Baix Llobregat..., ob. cit.

(21). Así se manifiesta el Secretario General de la UGT, José Luís Morlanes en su artículo "Empleo para todos". L'Anuari Aquí..., ob. cit., pág. 280.

(22). Otros datos significativos sobre ingresos mensuales de los asalariados, recogidos en L'Anuari Aquí 1996, pág. 426, son los siguientes: el 38'4 % perciben entre 90.000 y 140.000 ptas, el 20'2 % de 140.000 a 200.000, el 14'5 % de 60.000 a 90.000 y el 7'8 % de 200.000 a 300.000 ptas.

(23) Francesc Castellana. "El Baix té futur". L'Anuari Aquí...,ob. cit., pág. 86.

(24). Así se manifiesta el responsable del órgano técnico del PIRMI, Fran-cesc Coll, "Catalunya: una resposta integral da-vant el repte de la pobresa i l'exclusió social". Fórum (Revista d'informació i investigació social), núm. 5/1996, págs. 31 a 35.

(25). Guy Clarís, "Face a la croissance et a la mutation du RMI". Droit Social n´ms. 9-10/1995, págs. 820 a 822.

(26). Manuel Aguilar, Mario Gaviria y Miguel Laparra. La caña y el pez. Estudio sobre los salarios sociales en las Comunidades Autóno-mas. Madrid, Fundación FOESSA, 1994, pág. 19.

(27). Comunicación de la Comisión. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias. Bruselas 21.02.96. COM (96) 67 final.

(28). Odile Quintin, Intensificar los esfuerzos comunitarios en el ámbito de la lucha contra la marginación social. Dossier de documentación del Ministerio de Asuntos Sociales, núm. 10/1992.