Jun 18, 2008
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Los legisladores oficialistas, ante un dilema
El Gobierno quiere que se apruebe el proyecto a libro cerrado; ya aparecieron disidencias

Hace tiempo que este anquilosado Congreso no vivía días de agitación como el de ayer. El oficialismo ya decidió que el trámite legislativo respecto de las retenciones empezará la semana próxima en comisión, y hoy definirá qué estrategia aplicará para cumplir con la Casa Rosada. Hay dos posturas que comienzan a esbozarse: una de ellas es la que proclama la línea dura kirchnerista, que consiste en imponer su número en ambas Cámaras para lograr la sanción del proyecto en tiempo récord. Así lo hizo, hasta ahora, con la mayoría de los proyectos oficiales. El Gobierno espera que se mantenga la costumbre. El mandato a sus legisladores es tajante: al proyecto que anoche se remitió a la Cámara de Diputados no puede modificársele ni una coma. Ante una crisis que abrió amplias grietas en la coalición de gobierno, los legisladores del oficialismo tienen entonces la responsabilidad de decidir si aprueban la iniciativa a libro cerrado o si se muestran permeables, aunque sea en parte, a abrir la discusión reclamada por los productores rurales y los amplios sectores sociales que los apoyan.Sin embargo, hay oficialistas que, sin “sacar los pies del plato” del PJ, se inclinan a proponer nuevos proyectos de ley para modificar la decisión de la Presidenta sobre las retenciones. Por caso, los ocho legisladores nacionales por Córdoba recibieron ayer el mandato de su gobernador, Juan Schiaretti, de promover una baja en la alícuota de las retenciones móviles, en acuerdo con las entidades agropecuarias. Se sumarán a esta posición al menos tres diputados nacionales por Entre Ríos. En el Senado, voces como la del salteño Juan Carlos Romero y la del santafecino Carlos Reutemann dirán lo suyo. ¿Podrán estos legisladores peronistas torcer la balanza en favor del campo? Si no sumaran más adeptos a su causa, numéricamente sería imposible.

Por eso, los próximos días serán cruciales: el oficialismo se afanará por consolidar su mayoría y no perder demasiado tiempo, mientras que la oposición y algunos peronistas, influidos (o presionados) por el campo, buscarán hacer entender al Gobierno la necesidad de llegar a una salida acordada.

"Hay que revisar algunos aspectos puntuales de la resolución; tal vez discriminar retenciones entre grandes y pequeños productores", deslizaba un prominente legislador aliado al Gobierno.

Pero la Casa Rosada no parece dispuesta a ceder. Un dato que abona lo dicho es que la iniciativa presentada ayer es tan cerrada que ofrece pocas variables de cambio. En efecto, simplemente propone ratificar por ley la polémica resolución 125 y dispone que, hasta tanto, ésta continúe en vigor. Además, insiste en la creación de un Fondo de Redistribución Social con los recursos que se recauden por encima del 35 por ciento de retenciones (se destinará a obras públicas, como hospitales, caminos rurales y viviendas).

La oposición y las entidades agropecuarias ya encendieron sus luces de alarma y anticiparon que no convalidarán un nuevo "acto de escribanía" por parte del Congreso.

"La resolución 125 debe ser revisada", enfatizó Adrián Pérez (Coalición Cívica). "Hay que buscar los consensos para modificar la medida; esperemos que cada diputado sepa defender los intereses de sus votantes", acicateó Federico Pinedo (Pro-Capital).

Los legisladores de la oposición, conocedores del modus operandi legislativo del kirchnerismo -que cuando se lo propone saca leyes en menos de un mes- reclamaban ayer que la iniciativa tuviera el trámite parlamentario que merece y que se invitara a las entidades agropecuarias a las comisiones. En el oficialismo hubo silencio de radio.

En busca de un gesto

"Creo que algún gesto deberíamos dar e introducir alguna modificación al proyecto. Creo que si no lo hiciéramos y apuráramos la ley sin demasiado debate, vuelven a sonar las cacerolas. Pero nada está definido todavía; recién hoy definimos qué estrategia seguir", deslizó un importante legislador oficialista.

La presión social, cacerolas mediante, fue decisiva a la hora de decidir el envío del proyecto de ley al Congreso.

En las filas oficialistas la preocupación ya rozaba la desesperación y varias voces, como la de Felipe Solá, reclamaban de viva voz debatir el conflicto en el ámbito legislativo.

La Presidenta accedió y, con este gesto, deslindó en los legisladores la decisión de asumir (o no) el costo político de las polémicas retenciones.