Jun 20, 2008
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Se estudian concesiones para el agro
Podrían plantearse mejoras en los costos para recuperar la pérdida de rentabilidad; la iniciativa tendría el apoyo de Kirchner

El gobierno de Cristina Kirchner evalúa la posibilidad de formular concesiones al campo para superar el conflicto rural. Comenzó ayer a estudiar una posible ley complementaria para lograr mejoras en los costos de los productores agropecuarios y así compensar la pérdida de rentabilidad de éstos tras la suba de retenciones a las exportaciones de granos.

"Nada se concretará antes de que se levante el paro del agro", dijo una fuente oficial a LA NACION.

Esta y otras iniciativas se debatirán en la Cámara de Diputados el lunes próximo. En las comisiones de Agricultura y Presupuesto se discutirá el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió el martes último para ratificar la resolución 125 del 10 de marzo, que impuso retenciones móviles a la soja a niveles que desataron un conflicto que lleva 101 días.

Hasta anteayer, el Gobierno negaba la posibilidad de modificar la ley en forma sustancial. Pero algo cambiaría. La presión de los productores sobre los diputados del interior y sus familias preocupa en Balcarce 50.

Según borradores, la principal opción para bajar los costos de la producción de soja pasaría por reducir el precio de los insumos, fertilizantes y agroquímicos. Esos productos, en su mayoría importados, se encarecieron en estos años a medida que subió el precio internacional de la soja. Es uno de los factores de la pérdida de rentabilidad del agro.

Se estudiarían entonces posibles subsidios, compensaciones o distintas maneras de regular esos valores. Los aspectos técnicos no están definidos. "Se podría garantizar rentabilidad por otra vía", señaló una fuente muy cercana a la Presidenta.

El nuevo esquema quedaría establecido mediante una ley complementaria u otro artículo en el proyecto oficial.

El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, había asegurado anteayer que la suba de las retenciones no podría modificarse porque es competencia del Poder Ejecutivo. Así, la iniciativa se votaría por la ratificación o el rechazo.

Los diputados opositores y el agro acusaron al Gobierno de querer imponer el proyecto "a libro cerrado".

Sin embargo, Fernández y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, admitieron públicamente ayer que podría haber modificaciones y normas complementarias. "Uno no sabe dónde termina, puede transcurrir de modo tal que el Congreso termine ratificando o rechazando o puede haber otro proyecto de ley, que la ley se debata en comisión y puede haber un proyecto único o más de un proyecto de mayoría y de minoría", había dicho Alberto Fernández.

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, había hecho ese comentario en privado a varios de sus pares en el Congreso.

Descomprimir el conflicto

Según pudo saber LA NACION, sobre ello conversaron la Presidenta, Fernández, Randazzo, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y los principales diputados y senadores del Frente para la Victoria (FPV). También fueron consultados los gobernadores de provincias agropecuarias.

La iniciativa tendría, desde luego, el visto bueno del ex presidente Néstor Kirchner, jefe político del oficialismo y titular del PJ. También él necesita descomprimir el conflicto.

El objetivo del Gobierno es que esa compensación no signifique un costo político para Cristina Kirchner si es leída como un retroceso o debilidad. "Por ello, no se tocarían las alícuotas y la resolución 125 quedaría intacta", señaló un alto funcionario.

Sin embargo, en Balcarce 50 se supo que la Presidenta se comunicó ayer con Rossi y le dio un guiño para rediscutir el proyecto. "Nada de votar a libro cerrado, no cierren la puerta a discutir las alícuotas", le habría dicho la jefa de Estado. Con ello, quedaría abierta la posibilidad de discutir la misma resolución 125 y rebajar las alícuotas. Sería un giro en la postura oficial.

Eso reclamarán los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Hermes Binner (Santa Fe) cuando se reúnan con el vicepresidente Julio Cobos, el lunes próximo.

Hay otras alternativas en danza. Una es que los reintegros para pequeños y medianos productores se agilicen; otra es que se agreguen regiones a las zonas beneficiadas con compensaciones; también se analiza reformar la ley de arrendamiento y mejorar el negocio del trigo, la leche y la carne.

En el entorno de Cristina Kirchner preocupó mucho las declaraciones de Alberto Fernández y del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que habían asegurado que el nivel de las retenciones no se debatiría en el Congreso. El malestar del agro y las amenazas a los diputados del FPV hicieron temer un escenario delicado, en el cual el Gobierno podría perder votos en el Congreso.

"Habrá que trabajar mucho para obtener el número", dijo un operador oficial. Ello desató el cambio de discurso.